Además, no se permitirá la aplicación del Examen Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace), “por tratarse de un proyecto neoliberal que busca estandarizar el aprendizaje sin respetar el proceso y contexto de desarrollo de los alumnos, colocándolos como capital humano”.
La asamblea estatal también exigió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) aplicar medidas sanitarias en las escuelas ante la influenza porcina, aunque a juicio de Chepi el gobierno federal usa la epidemia como “cortina de humo” para generar sicosis e inhibir todo tipo de protesta social.
lunes, 27 de abril de 2009
Marcha del SNTE el 1o de mayo en Oaxaca; entregará pliego petitorio
Oaxaca, Oax., 26 de abril. La asamblea estatal de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acordó la madrugada de hoy presentar su pliego petitorio a los gobiernos federal y estatal el primero de mayo próximo, y marchar el mismo día para dar inicio a la jornada de lucha Por la Educación y la justicia, que respaldará la entrega del documento.
La dirigencia magisterial advirtió que se reservará el derecho de protestar junto a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) si 15 días después de transmitir sus reclamos no hay respuesta satisfactoria de las autoridades. “Accionaremos de manera contundente”, adelantó Azael Santiago Chepi, secretario general de la sección sindical.
El pliego petitorio, dijo, estará integrado por demandas económicas, educativas, sociales y políticas para mejorar la calidad de la educación, la infraestructura y la preparación profesional de los docentes, así como para lograr la libertad de los “presos políticos y de conciencia” del movimiento magisterial y popular, y castigo a los autores de la represión iniciada en 2006.
La asamblea estatal también acordó convocar a movilización los próximos 29 de abril y 4 de mayo frente a juzgados penales del fuero común, a fin de reclamar sentencias condenatorias contra los policías responsables de la agresión contra Emeterio Marino Cruz, activista de la APPO, cometida el 16 de julio de 2007.
La dirigencia magisterial advirtió que se reservará el derecho de protestar junto a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) si 15 días después de transmitir sus reclamos no hay respuesta satisfactoria de las autoridades. “Accionaremos de manera contundente”, adelantó Azael Santiago Chepi, secretario general de la sección sindical.
El pliego petitorio, dijo, estará integrado por demandas económicas, educativas, sociales y políticas para mejorar la calidad de la educación, la infraestructura y la preparación profesional de los docentes, así como para lograr la libertad de los “presos políticos y de conciencia” del movimiento magisterial y popular, y castigo a los autores de la represión iniciada en 2006.
La asamblea estatal también acordó convocar a movilización los próximos 29 de abril y 4 de mayo frente a juzgados penales del fuero común, a fin de reclamar sentencias condenatorias contra los policías responsables de la agresión contra Emeterio Marino Cruz, activista de la APPO, cometida el 16 de julio de 2007.
viernes, 24 de abril de 2009
Perderán derechos los afiliados al SNTE, ofrece Gordillo a Calderón
En un acto que se utilizó para conmemorar dos décadas de la IMPOSICION de Elba Esther Gordillo Morales al frente del sindicato magisterial, la CORRUPTA refrendó su alianza con el ESPURIO Calderón sin ningún “rubor, sin duda, sin complejos” y le ofreció que los afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pierdan “algunos DERECHOS” para imponer la EXPLOTACION laboral.
En una escuela del estado de México, entidad desde donde saltó al control de dicha organización, con la voz exaltada y “entrañablemente emocionada” fue enfática al declarar que: “Vuelvo a decirle, señor ESPURIO no tenemos otro compromiso más que con usted y con EL DINERO”.
La respuesta del Ejecutivo no tardó: con el sindicato “estamos haciendo una alianza muy, muy, PODEROZA para PRIVATIZAR la educación de México”.
De este modo, Elba Esther Gordillo festejó 20 años de habeSE APODERADO del gremio con la ayuda de Carlos Salinas de Gortari y tras la caída de quien fuera su mentor, Carlos Jonguitud Barrios. Pero ayer, la maestra afirmó que asumió el poder de manera “ILEGAL, ILEGITIMAMENTE” y “SIN EL VOTO DE LAS BASES MAGISTERIALES”.
lunes, 13 de abril de 2009
MAS DESCUENTOS, MENOS SALARIO
Por segundo año consecutivo nuestro salario ha caído, por causa de la aplicación de la nefasta nueva Ley del ISSSTE.
Esto está contemplado en el artículo trigésimo primero, que menciona “La cuota por el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez correspondiente a los Trabajadores se deberá ajustar a lo dispuesto en la tabla siguiente:
Años
Cuota a cargo del trabajador
A la entrada en vigor de esta Ley
3.5 %
2008
4.025 %
2009
4.55 %
2010
5.075 %
2011
5.6 %
2012 en adelante
6.125 %
Por esa razón, el concepto L1 se incrementó, a partir de enero de 2008 y ahora en 2009.
A pesar del rechazo masivo, a través de la movilización y más de dos millones de amparos, se nos ha impuesto esta ley que atenta contra nuestros derechos.
Las afectaciones por esta ley desde 2007 nos golpean: más años para jubilarnos y por lo mismo más años de cotización; incremento de cuotas, servicio médico más deficiente, escasez de medicamentos; imposición del Pensionissste y traslado de las cuotas del SAR a BANSEFI sin nuestro consentimiento, etc.
Desde la presidencia de la república, pasando por los diputados y senadores, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación- los tres poderes del gobierno- se unieron contra los trabajadores y sus familias.
¿Y quienes serán los beneficiados? Los mismos de siempre: charros sindicales, como Elba Esther Gordillo, políticos y, sobre todo, los banqueros.
Nuevamente los trabajadores perdemos. Recordemos lo que está sucediendo con los ahorros de las Afores, se han perdido miles de millones de pesos. Esto mismo sucederá con el dinero del Pensionissste.
Los trabajadores seguimos teniendo como única salida para enfrentar estas agresiones la organización y la lucha. Vencer la apatía que hoy existe y recuperar la confianza en nuestra unidad y la lucha colectiva.
Esto está contemplado en el artículo trigésimo primero, que menciona “La cuota por el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez correspondiente a los Trabajadores se deberá ajustar a lo dispuesto en la tabla siguiente:
Años
Cuota a cargo del trabajador
A la entrada en vigor de esta Ley
3.5 %
2008
4.025 %
2009
4.55 %
2010
5.075 %
2011
5.6 %
2012 en adelante
6.125 %
Por esa razón, el concepto L1 se incrementó, a partir de enero de 2008 y ahora en 2009.
A pesar del rechazo masivo, a través de la movilización y más de dos millones de amparos, se nos ha impuesto esta ley que atenta contra nuestros derechos.
Las afectaciones por esta ley desde 2007 nos golpean: más años para jubilarnos y por lo mismo más años de cotización; incremento de cuotas, servicio médico más deficiente, escasez de medicamentos; imposición del Pensionissste y traslado de las cuotas del SAR a BANSEFI sin nuestro consentimiento, etc.
Desde la presidencia de la república, pasando por los diputados y senadores, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación- los tres poderes del gobierno- se unieron contra los trabajadores y sus familias.
¿Y quienes serán los beneficiados? Los mismos de siempre: charros sindicales, como Elba Esther Gordillo, políticos y, sobre todo, los banqueros.
Nuevamente los trabajadores perdemos. Recordemos lo que está sucediendo con los ahorros de las Afores, se han perdido miles de millones de pesos. Esto mismo sucederá con el dinero del Pensionissste.
Los trabajadores seguimos teniendo como única salida para enfrentar estas agresiones la organización y la lucha. Vencer la apatía que hoy existe y recuperar la confianza en nuestra unidad y la lucha colectiva.
TERCERO CONSTITUCIONAL: EL DESCREDITO DEL LEGISLATIVO
Los diputados federales de todos los partidos políticos han mostrado tener la sensibilidad de un elefante. Mientras miles de maestros protestan en todo el país en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), ellos acordaron reformar la Constitución para abrir la puerta a su legalización. Al tiempo que prolifera la resistencia ciudadana a la privatización de la educación pública, ellos legislaron para que ésta camine más rápidamente.
El pasado 11 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó, obviando las dos lecturas reglamentarias y casi sin discusión, la reforma al artículo tercero constitucional. Todos los partidos apoyaron la reforma. Votaron a favor 299 legisladores, cuatro en contra y 11 se abstuvieron. Dos diputados que la rechazaron son miembros de Acción Nacional y otros dos del Partido Verde Ecologista de México.
No es un asunto cualquiera. El artículo tercero es uno de los puntales de la Constitución, uno de los soportes centrales del pacto social. Su modificación requería un gran consenso nacional. No lo tuvo.
Único orador en contra, Juan José Rodríguez Prats denunció en tribuna las graves deficiencias del dictamen, que, según él, estuvo hecho sobre las rodillas. “Creo, señores –dijo–, que esta legislatura no se ha caracterizado por su trabajo eficiente. Hemos hecho muchas reformas precipitadamente y hemos caído en la degradación, y en toda mi experiencia parlamentaria, no lo había vivido, de legislar por trueque: tú me apruebas esta iniciativa, yo te apruebo ésta, y no se analizan las iniciativas en sus méritos, en su contenido ni en su trascendencia.”
Formalmente, la reforma instituye la obligatoriedad de la educación media superior y establece la educación como eje fundamental del desarrollo nacional, al tiempo que reconoce la necesidad de que exista una política de Estado en la materia. Adiciona como parte de la filosofía del artículo el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la paz. Asimismo, fija la necesidad de que la ley establezca lineamientos y criterios para garantizar que la educación se imparta y evalúe con calidad, transparencia y rendición de cuentas. Ajusta el texto constitucional para establecer mecanismos claros y transparentes para fomentar la participación social en la educación.
Varias de las modificaciones aprobadas representan un avance en la norma. Sin embargo, otras son, en los hechos, una contrarreforma al carácter social del artículo tercero, mientras que varias más son, simple y llanamente, demagogia, pues establecen derechos sin garantizar su cumplimiento.
Como ha mostrado Hugo Aboites (La Jornada, 7/03/09), la reforma otorga un respaldo constitucional a la evaluación privada y comercial, volviendo legal lo que hasta ahora no está ni siquiera considerado en la Ley General de Educación, cediendo a grupos particulares el cuidado y la responsabilidad de la calidad de la educación. Precisamente lo que la ACE ha hecho, ante la indignación y el malestar de miles de profesores.
Al añadir al texto constitucional el reconocimiento a los mecanismos claros y transparentes para fomentar la participación social en la educación, se legitima la creciente tendencia del Estado a desentenderse de proveer servicios educativos gratuitos. La famosa participación social en la educación ha sido, tradicionalmente, el caballo de Troya para regularizar y formalizar el pago de cuotas escolares por parte de los padres de familia que, en muchas escuelas públicas, están muy lejos de ser voluntarias. La nueva legislación permite legalizar esta anormalidad, abriendo paso a su obligatoriedad.
Como dicen los abogados: a confesión de parte, relevo de pruebas. Según Miguel Székely Pardo, subsecretario de Educación Media Superior, con la reforma se busca que los padres de familia den un apoyo mayor al que existe actualmente en las escuelas, mediante cuotas o canales por conducto de los cuales se puedan sufragar los costos de la educación. En la conferencia titulada: Apoyo a la economía de familias de estudiantes de educación media superior, el funcionario dijo que la gratuidad no implica que las familias dejen de destinarle recursos a la educación. Sin rechazar la responsabilidad estatal en la materia, advirtió que la Secretaría de Educación Pública buscará un mayor número de canales para que los padres puedan realizar aportaciones mediante cuotas que ayuden de forma creciente a solventar el costo de las escuelas.
El nuevo texto avalado por los diputados introduce a las escuelas privadas en el texto constitucional. Con ello se franquea el paso a una vieja aspiración panista: legitimar la entrega de recursos públicos de la educación a los centros escolares particulares.
La reforma reconoce derechos declarativos, pero no efectivos; fija obligaciones que no pueden cumplirse. Por ejemplo, establece un récord mundial de educación obligatoria: 15 años. Ningún país, por más desarrollado que sea, lo tiene. El promedio en el mundo es de 12 años. Pero lo que da con una mano, lo quita con la otra. La nueva norma reconoce que el acceso a la educación media superior a todos los estudiantes en edad de cursarla se realizará de manera gradual y creciente. A pesar de que los tres años de educación preescolar son obligatorios, no se fijan fechas, plazos ni compromisos concretos para hacerlo realidad. Explícitamente se señala en el clausulado que durante el primer año de preescolar la atención educativa crecerá de manera gradual y sistemática hasta lograr su universalización.
La reforma al artículo tercero constitucional obliga a un gran debate nacional que el Senado de la República debería promover. A no ser, claro, que se quiera hacer aún mayor el descrédito del Legislativo y el foso que lo separa de los ciudadanos de a pie.
El pasado 11 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó, obviando las dos lecturas reglamentarias y casi sin discusión, la reforma al artículo tercero constitucional. Todos los partidos apoyaron la reforma. Votaron a favor 299 legisladores, cuatro en contra y 11 se abstuvieron. Dos diputados que la rechazaron son miembros de Acción Nacional y otros dos del Partido Verde Ecologista de México.
No es un asunto cualquiera. El artículo tercero es uno de los puntales de la Constitución, uno de los soportes centrales del pacto social. Su modificación requería un gran consenso nacional. No lo tuvo.
Único orador en contra, Juan José Rodríguez Prats denunció en tribuna las graves deficiencias del dictamen, que, según él, estuvo hecho sobre las rodillas. “Creo, señores –dijo–, que esta legislatura no se ha caracterizado por su trabajo eficiente. Hemos hecho muchas reformas precipitadamente y hemos caído en la degradación, y en toda mi experiencia parlamentaria, no lo había vivido, de legislar por trueque: tú me apruebas esta iniciativa, yo te apruebo ésta, y no se analizan las iniciativas en sus méritos, en su contenido ni en su trascendencia.”
Formalmente, la reforma instituye la obligatoriedad de la educación media superior y establece la educación como eje fundamental del desarrollo nacional, al tiempo que reconoce la necesidad de que exista una política de Estado en la materia. Adiciona como parte de la filosofía del artículo el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la paz. Asimismo, fija la necesidad de que la ley establezca lineamientos y criterios para garantizar que la educación se imparta y evalúe con calidad, transparencia y rendición de cuentas. Ajusta el texto constitucional para establecer mecanismos claros y transparentes para fomentar la participación social en la educación.
Varias de las modificaciones aprobadas representan un avance en la norma. Sin embargo, otras son, en los hechos, una contrarreforma al carácter social del artículo tercero, mientras que varias más son, simple y llanamente, demagogia, pues establecen derechos sin garantizar su cumplimiento.
Como ha mostrado Hugo Aboites (La Jornada, 7/03/09), la reforma otorga un respaldo constitucional a la evaluación privada y comercial, volviendo legal lo que hasta ahora no está ni siquiera considerado en la Ley General de Educación, cediendo a grupos particulares el cuidado y la responsabilidad de la calidad de la educación. Precisamente lo que la ACE ha hecho, ante la indignación y el malestar de miles de profesores.
Al añadir al texto constitucional el reconocimiento a los mecanismos claros y transparentes para fomentar la participación social en la educación, se legitima la creciente tendencia del Estado a desentenderse de proveer servicios educativos gratuitos. La famosa participación social en la educación ha sido, tradicionalmente, el caballo de Troya para regularizar y formalizar el pago de cuotas escolares por parte de los padres de familia que, en muchas escuelas públicas, están muy lejos de ser voluntarias. La nueva legislación permite legalizar esta anormalidad, abriendo paso a su obligatoriedad.
Como dicen los abogados: a confesión de parte, relevo de pruebas. Según Miguel Székely Pardo, subsecretario de Educación Media Superior, con la reforma se busca que los padres de familia den un apoyo mayor al que existe actualmente en las escuelas, mediante cuotas o canales por conducto de los cuales se puedan sufragar los costos de la educación. En la conferencia titulada: Apoyo a la economía de familias de estudiantes de educación media superior, el funcionario dijo que la gratuidad no implica que las familias dejen de destinarle recursos a la educación. Sin rechazar la responsabilidad estatal en la materia, advirtió que la Secretaría de Educación Pública buscará un mayor número de canales para que los padres puedan realizar aportaciones mediante cuotas que ayuden de forma creciente a solventar el costo de las escuelas.
El nuevo texto avalado por los diputados introduce a las escuelas privadas en el texto constitucional. Con ello se franquea el paso a una vieja aspiración panista: legitimar la entrega de recursos públicos de la educación a los centros escolares particulares.
La reforma reconoce derechos declarativos, pero no efectivos; fija obligaciones que no pueden cumplirse. Por ejemplo, establece un récord mundial de educación obligatoria: 15 años. Ningún país, por más desarrollado que sea, lo tiene. El promedio en el mundo es de 12 años. Pero lo que da con una mano, lo quita con la otra. La nueva norma reconoce que el acceso a la educación media superior a todos los estudiantes en edad de cursarla se realizará de manera gradual y creciente. A pesar de que los tres años de educación preescolar son obligatorios, no se fijan fechas, plazos ni compromisos concretos para hacerlo realidad. Explícitamente se señala en el clausulado que durante el primer año de preescolar la atención educativa crecerá de manera gradual y sistemática hasta lograr su universalización.
La reforma al artículo tercero constitucional obliga a un gran debate nacional que el Senado de la República debería promover. A no ser, claro, que se quiera hacer aún mayor el descrédito del Legislativo y el foso que lo separa de los ciudadanos de a pie.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
