La imposición de la Alianza para la Educación de Calidad ha producido ya una escalada de protestas magisteriales en muchos estados de la República, criticando la firma realizada por los gobiernos estatales a espaldas de los millones de maestros del país
En el contexto de la pretendida Alianza para la Calidad de la Educación (ACE), acordada de forma autoritaria y a espaldas de las bases magisteriales del país, se vienen desarrollando diferentes mesas de análisis, desde diversos enfoques, algunos de ellos más publicitados se dirigen a ensalzar las supuestas virtudes de esta alianza gordillista con sus rehenes al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Uno, al que tuve la oportunidad de asistir, se desarrolló en la Casa Lamm en la capital del país, donde con una perspectiva histórica tres ponentes pusieron al desnudo los verdaderos intereses, contenidos y finalidad de esa falsa alianza por la educación, que no sale bien librada y sí quedan al descubierto sus innumerables pifias, sinsentidos y engaños.
Debidos a lo interesante y complejo de las tres ponencias, intentaré hacer una pequeña síntesis de cada una de ellas, resaltando los puntos álgidos, para intentar finalmente obtener algunas conclusiones importantes.
El primer ponente fue Hugo Aboites, conocido de muchos michoacanos, ya que ha venido en varias ocasiones a Morelia. Inició hablando de los procesos de evaluación dentro de una lógica empresarial (Ceneval, negocio de empresas privadas), que han sido retomados dentro de la ACE. Evaluación como método de eliminación de los derechos laborales del magisterio y discriminatorios en tanto que su diseño está de tal forma estructurado para ser reprobado por maestros de origen popular, indígenas y por las mujeres, al no evaluar la capacidad académica, sino a través de 20 o 30 reactivos fuera del contexto cultural de las diversas regiones y género, esto es, realizan un examen único para un país pluricultural.
Acciones que van acompañadas de una reducción del gasto y responsabilidades del Estado en la educación. Bajo una estrategia privatizadora del sector educativo, dándole cada vez más el rectorado educativo al sector empresarial y estigmatizando la función social del maestro, intentando su alienación al sistema.
Un caso sintomático es la intromisión del sector privado en la educación, con el peculiar desplegado firmado por los grupos más oligarcas del país (recordemos su participación en el último proceso de elección presidencial), como Bimbo, Cervecería Cuauhtémoc, TV Azteca y Televisa, entre otros, que alaban las “bondades del examen de oposición nacional”, diseñado para limitar el ingreso al magisterio y conculcar derechos laborales.
El siguiente ponente fue César Navarro que cuestiona la ACE, al considerarla que consolida una era educativa del estereotipo y entrega de la SEP al grupo gordillista.
Hace un punteo de algunas barbaridades incorporadas dentro de la alianza, como la pretendida profesionalización y evaluación del magisterio. Presentándolo como último y único responsable del aprovechamiento escolar (aprobación-reprobación) y el rezago educativo, sin considerar las condiciones familiares, sociales, económicas del alumno y del país, que viene afectando directamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una visión unilateral que en nada beneficia a la educación y sí sataniza la labor docente.
Por último tomó la palabra Sergio Espinal, secretario general del recientemente formado Comité Ejecutivo Nacional democrático del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), quien destaca el proceso de erosión que el concepto de educación ha sufrido en las últimas tres décadas en nuestro país, pasando de ser un derecho a ser un servicio y por último una mercancía.
Ubica la mencionada alianza dentro de la estrategia nacional privatizadora contenida dentro de las reformas estructurales. Además de colocarla dentro de la última fase del proceso de desarticulación del sistema educativo nacional y del sindicalismo democrático.
Observa las características perversas de este nuevo embate al sistema de seguridad social, donde debemos incorporar la parte educativa como responsabilidad histórica del Estado mexicano: reforma curricular que elimina los contenidos de alta sensibilidad social; la modernización como sinónimo de privatización; profesionalización como sumisión y pérdida de libertad de cátedra; consejos de participación social (que incluye escuela segura, mochila segura, horario extendido, escuela siempre abierta), como estrategia de control del magisterio y volverlos rehenes de grupos políticos locales; compactación de plazas y pérdida de poder adquisitivo; sistema de aplicación diferencial de salarios al reducir el salario base y ampliar las compensaciones por medio de bonos de productividad cuyo monto no es considerado en los planes de jubilaciones y pensiones; eventualidad del empleo con la implementación de evaluaciones anuales y pérdida de derechos laborales; desaparición de sistemas y subsistemas educativos (como lo viene intentando con los niveles de extraescolar el gobierno de Michoacán), con un 75 por ciento de pérdida del poder adquisitivo; examen nacional para contrataciones temporales, sin derecho a la seguridad laboral y uso político en la asignación de plazas.
Señala al nuevo modelo, impulsado por la ACE, como antieducativo (Enciclomedia, Educación en Línea, etcétera) al terminar con los procesos dialógicos en la relación profesor-alumno y como paso a una mayor deshumanización educativa. Acompañado de una formación tecnificada del docente e instrumentalización de su labor educativa, terminando con su formación y actividad pedagógica histórica. Por lo que es necesario un nuevo modelo educativo nacional basado en valores como la igualdad, la equidad y la solidaridad.
La imposición de esta alianza ha producido ya una escalada de protestas magisteriales en muchos estados de la República, criticando la firma realizada por los gobiernos estatales a espaldas de los millones de maestros del país, dentro de los cuales encontramos a Michoacán, Morelos, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Guanajuato, BCS, Guerrero, Zacatecas, Querétaro, Tamaulipas, Jalisco, Distrito Federal y Tabasco. Las protestas crecen, esta lucha, por lo que se ve, aún comienza.
